Por Jorge Raventos
Después de una larga temporada de virtual evaporación de la figura presidencial, la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada parece inclinar decididamente el péndulo en sentido opuesto y pone en escena un protagonismo del Poder Ejecutivo que aspira, incluso a investirse de facultades extraordinarias (en principio por dos años, pero extensibles a otros dos).
Desde el 10 de diciembre, Milei literalmente hace y deshace (avanza y retrocede, opina en un sentido y cambia de criterio sin complejo, designa funcionarios y los aparta) con muy escasas deliberaciones o mediaciones (incuestionable caso aparte: Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia).
Al borde de su primer mes en el cargo, Milei no tiene demasiados frutos para mostrar, pero ha conseguido dar señales inequívocas sobre el rumbo que quiere seguir, que muchos de sus admiradores definen como una verdadera “revolución cultural”: su programa de deseos está, digamos, resumido en los centenares de páginas del decreto de necesidad y urgencia número 70/2023 y en la pareja extensión del proyecto de “ley ómnibus” (bautizado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”).
La suerte del DNU
El decreto rige desde el 29 de diciembre del año que acaba de concluir, aunque el amplio capítulo destinado a introducir severas reformas en el ámbito laboral ha quedado suspendido por obra de dos dictámenes de la Justicia del ramo.
La ley 26122 concede vigencia a los DNU a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial y hasta que, eventualmente, sean rechazados por las dos cámaras del Congreso o lisa y llanamente declarados nulos por la Justicia o ésta detenga su aplicación. Además, le otorga al Ejecutivo diez días para comunicarlos al Congreso, de modo de que éste los someta en primera instancia a una comisión bicameral para que ´ésta aconseje a Diptados y Senadores su aprobación o su rechazo. Esta semana, sobre la hora, el Ejecutivo cumplió su deber. La Comisión bicameral no está constituida aún. Los analistas consideran que tanto la demora en el tratamiento como su eventual indefinición favorecen al gobierno, pues mientras tanto la norma está vigente y es aplicable..
A menos que lo impidan los Tribunales. Y esto, que ya comenzó a ocurrir en el título laboral, puede seguir ocurriendo en los próximos días.
El último jueves el juez en lo contencioso administratitvo federal Enrique Lavié Pico habilitó la feria de enero para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de todo el DNU que dictó Milei y que se acumulaban en ese fuero como amparo colectivo. El magistrado, distanciándose en los hechos del criterio de la Corte (que no había querido habilitar la feria ante un recurso planteado por la provincia de La Rioja), estimó que era procedente hacerlo “toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”.
Lavié Pico no sólo reconoció la competencia de la Justicia Laboral para actuar ante los recursos presentados por la CGT sino que remitió todos los recursos que estaban unificados en su fuero a sus respectivas competencias, para que cada una de ellas dictamine sobre los amparos y cautelares presentados.
Más sugestivo aún: el juez rechazó el reclamo del gobierno presentado por el Procurador Rodolfo Barra, que pretendía que las causas laborales contra el DNU pasen al fuero contencioso. Lo señalamos una semana atrás: “El gobierno prefiere la jurisdicción contencioso administrativa, la CGT se inclina por el fuero laboral, que es su ámbito más conocido”. Irónicamente, la decisión de Lavié Pico –un juez del fuero contencioso administrativo- permite ahora que jueces de diferentes ámbitos (y distintas localizaciones en la geografñia federal del país) puedan dictar medidas sobre el DNU.
Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y miembro del Consejo de la Magistratura, consideró que, merced a la decisión de Lavié Pico, “la semana que viene estaríamos en condiciones de que la Justicia se expida sobre el amparo cautelar” (que él presentó). Si el fuero Contencioso Administrativo Federal da lugar a ese recurso “cae todo el DNU”. Es que Rizzo planteó la necesidad de suspender la aplicación del decreto 70, que considera inconstitucional: “El caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues con el dictado del DNU se encuentra comprometido una institución básica del sistema republicano y representativo de gobierno que establece la Constitución, que no es más ni menos el irrestricto respeto a la división de poderes”. La suspensión procede pues “los efectos del decreto han comenzado a tener eficacia, convalidándose aunque sea transitoriamente los efectos jurídicos de los actos realizados en su virtud, por más que luego sea confirmada la tacha de inconstitucionalidad que se persigue, lo que genera un evidente estado de inseguridad jurídica, una de las madres de la gravedad institucional”.
La reforma laboral y la ley de Milei
Entretanto, fue en el fuero laboral el DNU experimentó los primeros parates judiciales, suscitados por acciones iniciadas por la CGT. El juez laboral Juan Ignacio Ramonet en primera instancia rechazó la cautelar donde la central obrera solicitaba impedir en lo inmediato la aplicación del decreto; el fiscal, por su parte, recomendó enviar el expediente al fuero contencioso. Sin embargo, la Cámara en lo laboral, al analizar la apelación de la CGT, habilitó la feria y pronunció un fallo favorable al reclamo cegetista, con lo que quedó frenada la aplicación de las severas reformas laborales incluidas en el DNU.Posteriormente, el fallo de Lavié Pico refirmaría la competencia del fuero laboral.
El gobierno, a través de su vocero oficial, argumentó que de antemano “esperaba un fallo adverso”, que adjudicó a “acciones políticas”. Según el medio La Política on Line, el Presidente, en una reunión con los diputados de su partido, les pidió “que conformen la comisión de juicio político para destituir a esos jueces y avanzar también contra jueces de Casación y algunos de la Corte Suprema“, aunque –agrega aquel medio- “Milei se arrepintió luego, tras reconsiderar las consecuencias políticas que puede tener un embate contra la justicia y en especial contra la Corte”.
En cualquier caso, el camarista laboral que escribió el primer fallo – el doctor Alejandro Sudera- está lejos de ser un kirchnerista o un peronista, como insinuaron funcionarios de la Casa Rosada. Se trata de un magistrado de formación liberal, circunstancia que se encargó de subrayar en su escrito citando a Juan Bautista Alberdi.
Sudera y su colega Alejandra García Vior firmaron el dictamen que estipuló, en un párrafo decisivo: “Es un hecho público y notorio que el de los trabajadores es un sector socialmente vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentaria -per se o por sus derivaciones-, se encuentran configuradas las circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican el dictado de una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados (arg. art. 5° segundo párrafo de la ley 26854)”. Ayer, jueves, la Cámara dictó una nueva cautelar , en este caso requerida por una acción de otra central sindical, la CTA. En este caso, el voto lo redactó la doctor García Vior y lo compartió Sudera.Y agrega consideraciones importantes. Por ejemplo, argumenta por qué razón el tema laboral no corresponde que sea tratado en el fuero contencioso: ““A diferencia de la causa que tramita en el juzgado contencioso administrativo federal, en la presente se encontrarían en juego derechos que hacen a la esencia de las relaciones dependientes, a la libertad y dignidad de las personas que trabajan (…)y, a su vez, se pondría en jaque la principal vía de tutela a la que pueden recurrir los trabajadores ante su incapacidad negocial a nivel individual, que no es otra que la acción sindical. No se trata meramente de derechos económicos, sino que lo que se alega es la grave vulneración de derechos humanos fundamentales”, señala el escrito. Advierte, además, que la decisión de la Cámara Laboral sería válida incluso si finalmente se declarara su incompetencia. Apoyándose en la ley 26.854, argumentan que “la acción instaurada involucra los intereses, derechos y garantías de sectores socialmente vulnerables, se encuentra comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas que trabajan, todo lo cual permite tener por configurado el supuesto de excepción referido, en el que incluso se habilita el dictado de medidas precautorias o de resguardo por parte de un juez o tribunal que pudiera considerarse incompetente”.
Pisar sobre lo que sostiene
Un columnista para nada hostil al gobierno –Carlos Pagni- apuntaba el jueves en La Nación la dificultad del oficialismo para “distinguir lo principal de lo accesorio”.
Es probable que deba revisar esa conducta a la luz de los obstáculos con los que choca la voluntad de liderazgo de Milei. El avance conseguido por la CGT en el terreno judicial y la proximidad del paro con movilización programado para la penúltima semana de enero quizás operen como argumentos que convenzan al Presidentei de la conveniencia de seleccionar sus iniciativas por importancia estratégica y de buscar para ellas, a través de la negociación, plataformas que las sostengan con más solidez que el voluntarismo y el ideologismo.
La improvisación y la reticencia al diálogo le producen al gobierno choques indeseados. El campo está enojado porque la conducción económica incrementa impuestos sin siquiera avisar, empresas pesqueras, provincias y localidades vinculadas a la actividad, como Mar del Plata, (sin excluir la opinión militar) protestaron por las medidas que en ese campo promueve la “ley ómnibus”, que ocasionaría graves perjuicios tanto en la industria como en el empleo vinculado a ella y también en la preservación del recurso que quedaría liberado a la competencia externa.
Campo, pesca, sindicatos, gobernadores: allí donde aparecen los problemas se puede encontrar la punta para una solución. Lo que el país necesita no emana de ningún dogma, sino de la identificación de los intereses nacionales y sectoriales.
El papel no se resiste; la realidad, sí
El papel no se resiste y sobre él se pueden enumerar livianamente infinidad de medidas, pero gobernar va más allá de la redacción de grandes listas de deseos: requiere consultar y alcanzar acuerdos (o desacuerdos claros) con los sectores interesados.
El gobierno oscila entre la improvisación, una intransigencia confundida con firmeza y el retroceso realista (“vamos a arreglar lo que haga falta” en el tema de la pesca, asegura ahora la Casa Rosada después de someterse a un desgaste por la obediencia indiscriminada al credo antiestatal y desregulador). ¿No era más sensato escuchar en primera instancia a productores y trabajadores y negociar con gobernadores que han surgido del voto, igual que el Presidente?
Con menos de un mes de ejercicio y sin experiencia previa, Milei está aún en etapa de aprendizaje.
En el Congreso, el gobierno consiguió esta semana que se pusieran en funcionamiento las comisiones de Diputados encargadas de debatir la “ley ómnibus”. Fue un trámite borrascoso. El presidente no había contribuido a calmarlo: venía de disparar dos veces una denuncia sin blanco preciso contra “legisladores que buscan coimas”. ¿Es el método Milei para ganar amigos?
Pese a su debilidad legislativa original, el gobierno tiene la posibilidad construir alianzas que sostengan en el Congreso sus propuestas de fondo. Tanto el radicalismo, como las fuerzas federales agrupadas en el bloque que lidera Miguel Pichetto han tendido puentes en ese sentido: le piden que abandone el todo o nada, que ordene y jerarquice su agenda parlamentaria, que no reclame quimeras incompatibles con las instituciones y con la sostenibilidad social, que haga el ejercicio de construir un cambio factible que sostenga una gobernabilidad fuerte.
En el gobierno no faltan oídos receptivos a esas sugerencias. Pero hay también espíritus maximalistas. El estilo de Milei sugiere, a primera vista, una inclinación a los extremos. La ley ómnibus, el programa que escribió (y sostiene a brazo partido) Federico Sturzenegger parece sintonizar con ese rasgo. Pero hasta hace unas semanas Milei defendía como si fueran propias las ideas dolarizadoras de Emilio Ocampo, a quien le reservaba la presidencia del Banco Central (para que lo liquidara).
Hoy Ocampo no figura ni en el gobierno ni en los equipos del Presidente. Sturzenegger, que ni siquiera es funcionario (no es preciso despedirlo ni pedirle la renuncia) podría convertirse en otro Ocampo si sus ocurrencias y rigideces programáticas le generan al gobierno nuevos problemas.
Milei tiene un liderazgo fuerte pero todavía a prueba. Y no cuenta con tiempo para demasiados ensayos.